Sentencia favorabe a Nintendo en contra de Chipspain por vender tarjetas R4

El pasado 30 de mayo se hizo firme la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona que confirma que los responsables del grupo de tiendas de tecnología y componentes electrónicos Chipspain han infringido los derechos de propiedad intelectual de Nintendo mediante la importación, distribución, venta, publicidad y posesión con fines comerciales de cartuchos o tarjetas R4 y dispositivos similares. Estos cartuchos están principalmente diseñados y fabricados para saltarse las medidas de seguridad implantadas por Nintendo en las consolas Nintendo DS y en los videojuegos originales de Nintendo DS. Las bases de la sentencia, primera en el ámbito civil sobre este tipo de hechos, tienen validez sobre dispositivos similares que puedan ser usados con los mismos fines en otras consolas de Nintendo.

Chipspain, que opera varios sitios web y tiendas físicas en diferentes puntos de España, está de acuerdo en que ofreciendo para la venta y vendiendo tarjetas R4 ha obrado ilegalmente. Según su responsable, José Gracia Fuster, “el uso de estos dispositivos es saltarse las medidas de seguridad desarrolladas por Nintendo para que nuestros clientes puedan jugar con copias pirata de videojuegos en la consolas Nintendo DS. Por tanto, Chipspain reconoce que la importación y la venta de cartuchos R4 es ilegal bajo la legislación española cuando son utilizados con el principal fin de utilizar copias piratas. La venta de estos dispositivos y el suministro de copias pirata de videojuegos causan un daño y un perjuicio, no solamente a multinacionales como Nintendo, sino también a muchos otros actores en la industria del videojuego”.

Es el caso de los desarrolladores de videojuegos españoles, como José Manuel Íñiguez, fundador de la empresa de desarrollo valenciana Akaoni Studio, que declaró en el proceso judicial que “el desarrollo de videojuegos de alta calidad para los consumidores es una alta prioridad para Nintendo y para desarrolladores como Akaoni Studio; por tanto, dependemos de Nintendo para ofrecer la mejor protección posible de nuestros derechos de propiedad intelectual, que garantice que el rendimiento económico de nuestro trabajo y creatividad quede protegido frente a la piratería. Por eso, apoyamos firmemente los esfuerzos de Nintendo por proteger sus sistemas contra la piratería. Los necesitamos para garantizar la continuidad de nuestro negocio”.

En este sentido, Rafael Martínez Moya-Angeler, subdirector general de Nintendo Ibérica, asegura que “la comercialización de dispositivos que vulneran las medidas de protección de videoconsolas y videojuegos ha llevado a la proliferación de las descargas ilegales de videojuegos en Internet. Esta situación ha generado un daño económico irreparable. La piratería es la mayor amenaza para la creatividad en esta industria, por eso esta sentencia supone un gran paso adelante para que la industria del videojuego no vea drásticamente mermadas sus posibilidades de seguir creando y ofreciendo nuevos contenidos a los usuarios”.